Reproducimos la declaración final del informe preliminar de la Misión Internacional de Observación Preelectoral a la que asistimos esta mañana en el Hotel Tequendama, en Bogotá y que fue leída por Ted Lewis, coordinador de la Misión:
La Misión Internacional de Observación Preelectoral es un esfuerzo liderado por la ONG estadounidense Global Exchange y está compuesta por profesionales, investigadores y ciudadanos de más de siete países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Alemania, el Reino Unido y México.
La misión tiene experiencia en Observación Electoral en más de 11 países. En Colombia se encuentra un equipo de 22 personas desde el pasado 3 de febrero, divididos en cuatro equipos que visitaron municipios de Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca y Santander.
El objetivo principal de la Misión es recoger las apreciaciones de los distintos sectores que hacen parte de la contienda electoral, así como las preocupaciones de la sociedad civil y las acciones que adelantan las instituciones gubernamentales, en un contexto donde se mantienen el desplazamiento interno, la violencia y la presencia de actores armados.
El equipo realizó una jornada intensiva de trabajo de campo y de investigación, entre el 3 y 14 de febrero. Sus miembros se entrevistaron con funcionarios gubernamentales encargados de aspectos electores, del Consejo Nacional Electoral, de las oficinas de la Registradora, la Fiscalía, la Personería, la Procuraduría y la Defensoría, además alcaldías, y llevó a cabo reuniones con representantes y candidatos de los partidos políticos, analistas políticos, organizaciones afro-colombianas e indígenas, personas LGBT, jóvenes, defensores de derechos humanos, los medios, organizaciones de desplazados y desplazadas internos, víctimas de abusos de derechos humanos y sindicalistas.
El informe final de la misión será presentado el 7 de marzo, previo a las elecciones parlamentarias. El objetivo es que las autoridades electorales y la sociedad civil retomen estos resultados con el afán de investigar y resolver los factores de riesgo ante el ciclo electoral 2010.
Nuestro equipo Internacional ha contado con el apoyo de la Misión de Observación Electoral – MOE –, tanto a nivel nacional como regional, quienes vienen realizando una importante labor de identificación y sistematización de riesgos electorales desde el año 2006. Como organismo independiente nos alienta, junto con MOE, el mismo propósito de fortalecer la democracia y fomentar el ejercicio pleno de los derechos políticos de los ciudadanos.
Entre algunas de las impresiones que compartimos como equipo y que han llamado en especial nuestra atención en las visitas que realizamos a las diferentes regiones, señalamos los siguientes aspectos generales:
Violaciones de derechos humanos presentan riesgos electorales
La protección de los derechos humanos y la justicia eficaz so factores clave para asegurar que los votantes puedan ejercer su participación en la democracia de forma transparente, libre e informada. La misión alerta sobre la situación de los derechos humanos en el país y las graves violaciones al derecho a la vida en Antioquia, Santander, Córdoba y Valle del Cauca cometidos por los actores armados legales e ilegales y los narco-traficantes. Hemos encontrado que los niveles de violencia siguen siendo altos, sobre todo entre poblaciones vulnerables como jóvenes, mujeres, afro-colombianos, indígenas, desplazados, personas LBGT y pobres. Al asesinato selectivo se le ha sumado la desaparición forzada como una nueva modalidad, según afirman diversas fuentes, para no impactar las cifras de asesinatos que llevan las autoridades. La violencia y falta de justicia en dichos casos obstaculizan la confianza en las autoridades y llevan a que muchos votantes no participen en el proceso electoral.
En algunas regiones como Barrancabermeja y Buenaventura, se identificó que pese al aumento del pie de fuerza de la policía y el ejército, la confianza ciudadana no se ha logrado y las tasas de homicidio siguen aumentando. Para los jóvenes, indígenas y afro descendientes en particular, la razón está en la estigmatización de diferentes grupos sociales que se perciben como “indeseables”, lo cual facilita en algunas oportunidades no se adelanten las pesquisas que permitan el esclarecimiento de los crímenes.
En varias regiones del país, organizaciones ciudadanas insisten que los grupos que se desmovilizaron siguen actuando contra la población civil. Se notó una estrategia abierta de persecución de parte de estos grupos contra líderes de los afro-colombianos e indígenas, sindicalistas, campesinos y defensores de los DDHH, y los entrevistados relataron casos de asesinato selectivo, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas entre sus dirigentes. Mientras las autoridades consideran que los grupos paramilitares se han desmovilizado y ya no existen y que las estructuras que se nutren del narcotráfico están desarticuladas y representan expresiones aisladas de violencia, la población civil se muestra inquieta ante su presencia y control territorial. Esta apreciación sobre las bandas criminales en proceso de consolidación, la comparten algunos funcionarios públicos que pese a tener una relación directa con el tema, prefirieron permanecer anónimos frente a posibles represalias por sus declaraciones.
El desplazamiento interno así como el “confinamiento” o la imposibilidad de las personas para transitar libremente por un territorio, son situaciones que el equipo encontró en todas regiones visitadas. Algunas autoridades locales se mostraron preocupadas por la lentitud del gobierno nacional en reconocer la condición de “desplazado interno” de muchos ciudadanos y la falta de atención de esta población. Al drama humano del desarraigo, se suma la dificultad de ser estigmatizados y enfrentar bloqueos institucionales para ejercer sus derechos a la protección, asistencia humanitaria y servicios públicos. Los desplazados internos y los confinados en muchos casos no cuentan con los documentos o la forma de poder votar el día de las elecciones. Varios entrevistados relataron que el periodo de inscripción para cambio de cédulas fue demasiado corto.
El miedo y la libertad de expresión
De manera amplia, el miedo está presente en todas las esferas de la sociedad colombiana y es un factor que claramente inhibe el ejercicio del voto libre y el debate abierto. Los entrevistados reportaron miedo de represalias al votar por ciertos candidatos, miedo de transitar libremente en algunas zonas, y miedo de llevar a cabo campañas de oposición.
Además el miedo se hace sentir cuando atenta contra los periodistas en su oficio y derecho a informar. Periodistas independientes llamaron la atención del equipo sobre las amenazas contra su vida y las presiones de que son objeto cuando realizan denuncias sobre delitos electorales.
Por otro lado, la afinidad política de unos medios ha generado una marcada auto-censura y cobertura desequilibrada de las campañas.
Presencia de delitos electorales e incumplimiento de la Ley de Garantías.
La participación en política de los servidores públicos fue una de las mayores preocupaciones de los diferentes sectores consultados. Los partidos señalan la abierta participación en política de alcaldes, gobernadores y concejales, que buscan favorecer a determinados candidatos. Más allá de una simpatía, se ha denunciado que desde la administración pública se pagan equipos de proselitismo y asesores de campaña mediante la modalidad de Órdenes de Prestación de Servicios.
La totalidad de los partidos políticos consultados manifestó que “otros” partidos o candidatos estaban incurriendo en compra de votos, delito que está configurado como tal por el código penal colombiano. Es tan frecuente esta práctica que coloquialmente los ciudadanos la conocen como “tula millonaria” o TLC (Tejas, ladrillos o cemento), cuando se paga en especia.
Para comprobar que los ciudadanos han votado por un candidato determinado se reportaron el uso de métodos como el carbón para verificar el lugar donde se ha marcado el tarjetón, el “carrusel”, hasta teléfonos celulares o cámaras digitales.
Según lo señalaron líderes comunitarios y beneficiarios de programas sociales liderados por la Agencia Colombiana para la Acción Social, aspirantes a la Cámara y Senado han asistido a reuniones con los beneficiarios, donde se ha señalado que si no votan por ellos y por el partido de gobierno, los subsidios que reciben del presidente de la república se acabarían. Resulta grave que no se identifique una distancia entre la figura presidencial y programas que buscan atender poblaciones desplazadas y vulnerables en el país.
Distancia entre el clamor ciudadano y las acciones de las autoridades.
Hemos notado avances normativos que permitirán el mejoramiento de los procesos electorales. Sin embargo, existe una profunda distancia entre las apreciaciones de una parte de la población y las autoridades locales. Mientras varias personas del común y todos los partidos políticos con quienes tuvimos contacto manifiestan que se han activado estrategias para la compra de votos en efectivo o mediante prebendas de diferente índole y numerosas prácticas de constreñimiento al elector, las autoridades manifiestan que no se han recibido denuncias por delitos electorales.
Esta situación llama la atención del equipo sobre la aparente ruptura entre los aspectos formales de la sociedad representados en la institucionalidad colombiana y la cotidianidad de su población, que además señala no tener confianza en sus autoridades, lo cual impide el proceso de denuncia oficial.
Nos resulta preocupante que muchas personas coincidan en afirmar que la principal causa para no denunciar sea el miedo y la impunidad. La democracia no se limita a procedimientos en la realización de los comicios, sino en la búsqueda de confianza entre los ciudadanos y sus gobernantes, que se expresa en la existencia de reglas claras, transparencia, imparcialidad y coherencia entre el mandato misional de las entidades y sus prácticas.
Consideraciones finales.
La Misión Internacional de Observación Preelectoral considera muy importante la tradición participativa en Colombia y notó durante su presencia en el país una amplia capacidad de la ciudadanía a organizarse y adelantar acciones cívicas en campos como la defensa y promoción de los derechos humanos, la participación en la planeación y asignación de presupuestos locales, la gestión de proyectos y la agremiación en torno a múltiples temas de interés. Sin embargo, la persistencia de la desconfianza en el proceso electoral y la falta de garantías básicas ha hecho que el trabajo de educación cívica y monitoreo electoral sea aún incipiente.
En tal sentido la misión considera que el trabajo que realizan diversos grupos de ciudadanos en la observación electoral forma parte de procesos políticos que procuran cambiar prácticas corruptas, lo cual demanda para estos sectores una mayor cercanía con los ciudadanos y un mayor compromiso en el ejercicio del poder.
La misión considera de suma importancia que las autoridades den pasos contundentes frente a los delitos electorales, y se persigan los “testaferratos electorales” donde estructuras políticas seriamente cuestionadas buscan perpetuarse mediando el cambio de nombres de partidos o liderazgos familiares que si no son ilegales, llevan implícito un profundo sentido de ilegitimidad a un proceso democrático y abre la posibilidad de conformar un congreso sujeto a los mismos investigaciones y procedimientos legales que afectaron profundamente la legitimidad y credibilidad de la legislatura actual.
Pendiente las recomendaciones y observaciones que serán incluidos en el informe final, la misión internacional señala la necesidad de fortalecer el trabajo de reglamentación, aplicación de normas, vigilancia y seguimiento electoral que llevan a cabo las instancias gubernamentales. Estos reportaron falta de recursos para llevar a cabo cabalmente sus mandatos. Asimismo, se nota la urgencia de adoptar medidas que eliminen la posibilidad de fraude y coacción de voto que aún persisten, según los testimonios que hemos documentado.
El fortalecimiento de la democracia y la construcción de procesos electorales que gozan de la plena confianza de la ciudadanía solo serán posibles en la medida en que la sociedad colombiana abra espacios al diálogo, la transparencia, el fin de la impunidad y el cambio de prácticas de exclusión y concentración de la riqueza y el poder. Los retos van desde el mayor control efectivo en los comicios, hasta la resolución de problemas más arraigados en la sociedad– de conflicto armado, violencia, intimidación, discriminación y corrupción.
La misión agradece a todos los líderes sociales, ciudadanos y ciudadanas, funcionarios y autoridades locales por su permanente apoyo a nuestras actividades y el compromiso que muchos sectores en Colombia tienen con la democracia, en medio de situaciones que vulneran el ejercicio pleno de la libertad y el disfrute de los derechos fundamentales. Para todos aquellos que guardan la esperanza en que es posible realizar los cambios que requieren nuestras sociedades, les mostramos nuestra solidaridad y creemos como ellos, que todo cambio requiere tiempo, pero además un trabajo conjunto decidido y de largo aliento, que en Colombia ya vienen realizando miles de personas. Muchas gracias.
El siguiente informe final será entregado el 7 de marzo a la opinión pública.